Reunión de Altas Autoridades sobre Delincuencia Organizada Transnacional

24 y 25 de Abril de 2014, Washington, D.C.
Palabras de Apertura

Estimados delegados y delegadas,

Tal como se destaco en el Informe de Drogas, la delincuencia organizada nos afecta a todos, el impacto de la delincuencia organizada en nuestros países tiene que ver tanto con las fallas existentes, como con las condiciones para prevenir sus consecuencias y la capacidad de recuperación. Su intensidad se puede medir a través de los efectos y daños causados a las distintas estructuras estatales.

Como hemos afirmado en otras ocasiones, el crimen organizado socava las bases de la democracia , a la vez que la Seguridad Pública es uno de los principales temas de atención de la Organización. Conforme la Delincuencia Organizada ha expandido su presencia a lo largo del hemisferio, se han ampliado las miradas que la consideraban como un asunto meramente policial, para ser asumida además como uno de los principales factores de riesgo para la democracia y el desarrollo en la región. Bajo esta perspectiva las aproximaciones teóricas a este tema se han ampliado del análisis de las estructuras y formas de operar de la delincuencia organizada, al impacto de sus acciones en los entornos económicos, sociales y políticos de nuestros países. Del debate en torno a las definiciones – que se mantiene vigente -, hemos pasado a la discusión sobre su implicaciones, las cuales en el hemisferio son amplias y profundas.

Bajo el concepto de delincuencia organizada se encuentran una diversidad de estructuras, dinámicas y procesos, que se expresan y adquieren distintas connotaciones en cada subregión, país e incluso en cada una de las ciudades. Con el propósito de armonización y cooperación internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional –también conocida como la Convención de Palermo– entiende a la delincuencia organizada como una agrupación estructurada, formada por tres o más personas, que existe por un cierto periodo de tiempo, que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más “delitos graves”, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Justamente esta es su característica central: controlar mercados ilícitos con el objetivo de obtener ganancias.

Bajo este marco, una pregunta que atraviesa constantemente el debate sobre las dimensiones de la delincuencia organizada en la región es cuál es el peso que tiene en las dinámicas de violencia e inseguridad. En América Latina, la delincuencia organizada aparece como un movilizador de la ilegalidad y de la violencia que se genera a partir del despliegue de las distintas economías ilícitas. De manera frecuente, altas tasas de homicidios y el incremento de delitos, tiene como trasfondo la emergencia de grupos de delincuencia organizada que buscan obtener el monopolio de la ilegalidad – tanto en su forma armada como en su dimensión económica. Es así que la delincuencia organizada tiene un efecto multiplicador en la inseguridad, ya que potencia a las otras amenazas, aprovecha y profundiza las vulnerabilidades estatales e influye negativamente en las instituciones a través de la corrupción y la impunidad.

Una cuestión de vital importancia a destacar es que las formas jerárquicas tradicionales de los grupos de delincuencia organizada, típicas de décadas pasadas, se han ido transformando y han sido reemplazadas por redes flexibles que trabajan en conjunto a fin de explotar ilegalmente nuevas oportunidades de mercado. Esta situación, hace que sea difícil diferenciar entre la delincuencia organizada y la delincuencia común, cuyas conexiones se propagan, bajo la lógica del beneficio económico. Bajo este contexto, la seguridad pública se ve afectada por un conjunto de facciones criminales, más o menos articuladas, que propician una situación de incertidumbre, donde la definición de los actores, sus formas de relacionarse – interna y externamente -, y su operatividad aparecen de manera confusa.

La transnacionalización del crimen organizado ha aumentado los problemas que este genera. La delincuencia organizada transnacional no reconoce fronteras. Pocos han de tomar ventaja de la globalización como lo hace el crimen organizado. Para combatir esta amenaza, es necesario que los gobiernos elaboren una respuesta transnacional. Esto implica la coordinación regional y global de las políticas, y es uno de los mayores desafíos que enfrentan los Estados cuando se trata de prevenir y luchar contra la delincuencia organizada. La capacidad de luchar contra la delincuencia organizada transnacional trasciende los recursos y capacidades de cada país, y la cooperación es esencial para lograr resultados efectivos. El principio de responsabilidad compartida, que se aplicó originalmente en la necesidad de que todos los actores de la comunidad internacional se hagan responsables de su parte en la lucha contra el problema mundial de las drogas, debe extenderse, como he dicho en reiteradas oportunidades, a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Las cifras de la delincuencia organizada en la región han sido bien documentados en muchos estudios, y no voy a repetírselas aquí.

Nuestra región ha sido pionera en la elaboración de una serie de instrumentos internacionales vinculantes encaminados a fortalecer el compromiso y la cooperación internacional para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional en el marco del Sistema Interamericano. Muchos de estos instrumentos se han convertido luego en modelos de tratados dentro del contexto de las Naciones Unidas, como por ejemplo: la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (1992), la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA, de 1997), y la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996). Voy a aprovechar la ocasión para instar a los Estados que no lo hayan hecho a que accedan o ratifiquen estos instrumentos. Y solicitar a los Estados que si los han ratificado, que continúen implementando estos instrumentos.

Y por supuesto, desde el 2006, los Estados miembros de la OEA cuentan con un Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en apoyo de la plena aplicación de la Convención de Palermo, el cual, junto con la Declaración sobre Seguridad en las Américas de 2003, representa la visión y el marco común para la prevención y lucha contra la delincuencia organizada en el Hemisferio Occidental. Si bien este Plan de Acción, cuya ejecución hoy nos reúne, tiene ya algunos años de vigencia, debemos destacar que sus propósitos, principios y enunciados se mantienen plenamente vigentes.

También debemos recordar que nosotros Presidentes, dentro el mandato de la Sexta Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena en el 2012, reafirmaos su voluntad de sumar esfuerzos y capacidades para enfrentar este desafío común.

Pero pese a esos esfuerzos, queda aún mucho por hacer. La delincuencia organizada transnacional opera dentro de un marco general de impunidad -los casos que son llevados a juicio y las condenas son la excepción y no la regla. Uno de los factores más importantes que contribuyen a esta situación es la falta de personal calificado para llevar a buen término las investigaciones y procesos penales. Las pruebas necesarias para sustentar una acusación y enjuiciar a los presuntos responsables es muy difícil de obtener. Esto se debe en parte al poder económico de las personas involucradas en este tipo de actividades delictivas, la dificultad en la detección de sus actividades ilegales, la falta de capacidades y medidas disponibles de la policía y los ministerios de seguridad pública, falta de científicos y técnicos especializados para obtener pruebas útiles y legalmente válidas, el miedo de las víctimas y los testigos para testificar contra los criminales, y la facilidad con la que las organizaciones delictivas pueden adaptarse y superar nuevos obstáculos legales y judiciales, entre otras razones.

Si bien son muchas las áreas que debemos mejorar para poder hacer frente con eficiencia y efectividad al crimen organizado, en el marco de una política criminal integral, permítanme referirme a dos cuestiones de fundamental importancia: la necesidad de mejorar la información en materia criminal y de mejorar las capacidades policiales.

La mayoría de las políticas públicas, diálogos y procesos sobre la inseguridad en la región no están avalados por datos fehacientes que permitan analizar en profundidad sus causas, ni medir el impacto efectivo de las políticas desarrolladas. El diseño e implementación de estrategias de prevención del crimen y la violencia requieren de la apropiada recolección, procesamiento, análisis y difusión de datos de manera oportuna. Es así que, con el propósito de continuar apoyando a los Estados Miembros en el apropiado intercambio de conocimientos y recursos relevantes para la elaboración de políticas públicas efectivas, y con miras a fortalecer capacidades nacionales y regionales, promover el diálogo y la cooperación, la Secretaría General, a través del Departamento de Seguridad Pública, esta desarrollado una Red Interamericana de Información y Conocimiento en Seguridad Ciudadana.

El segundo tema que es de central importancia para la región es mejorar las instituciones policiales. La gestión de la policía de una forma moderna, efectiva, eficiente, y transparente es hoy una de las prioridades del hemisferio. Nuestras sociedades exigen cada vez más a las fuerzas policiales y es nuestra responsabilidad atender a ese desafío, dando a la comunidad la policía que se merece. Una policía que promueva el bienestar común de toda la sociedad y que se inserte en las comunidades como un actor respetado y legitimado.
Se requiere una policía que sea profesional, con una base normativa apropiada para enfrentar las viejas y nuevas amenazas. Esta área normativa se refiere a la adecuación del marco jurídico, tanto a las necesidades para la prevención como la represión del delito y la violencia, la cual debe articular equilibradamente las potestades de las instituciones policiales con las garantías de los derechos humanos; una dimensión organizacional que brinde eficiencia y efectividad a la estructura policial; y una dimensión funcional que desarrolle las buenas prácticas institucionales, así como el conjunto de valores y hábitos institucionales dentro de la propia institución policial.

Otro aspecto esencial es el desarrollo de la carrera profesional de los y las agentes de policía, constituido por el establecimiento de mecanismos de formación permanente y de especialización. Las fuerzas policiales deben contar con el personal y la infraestructura especializada para brindar un servicio de calidad. Y deben identificarse las competencias necesarias para el buen desarrollo de la actividad policial, tomando en consideración los nuevos desafíos a la seguridad. En base a esto se deben actualizar los conocimientos y prácticas profesionales de todo el personal policial, planificando e implementando por medio de las instituciones competentes cursos, seminarios y conferencias, a la vez que proporcionando los materiales de estudio que tengan por objeto la capacitación profesional continua de los y las policías, especialmente, en aquellas materias o técnicas que hayan experimentado mayores modificaciones o evoluciones. Los policías requieren un buen desarrollo y capacitación profesional, al cual esperamos contribuir, mediante la creación de la “Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial” que ya fue presentada a los Estados miembros.

Concluyendo, nuestros países deben plantearse una política criminal integral, focalizada en la investigación e inteligencia criminal, que realmente garantice su funcionalidad y efectividad, a fin de no perseguir sólo a miembros de los niveles más bajos de las grandes empresas criminales.
Quisiera agradecerles a todos ustedes por asistir a esta invitación y desearle dos excelentes jornadas de deliberaciones en el abordaje de la ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la cooperación efectiva entre los Estados Miembros.

Muchas gracias.

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