Investigación y Sanción al Tráfico de Personas en las Américas. San Salvador, El Salvador, 11-13 de marzo, 2014

Investigación y Sanción al Tráfico de Personas en las Américas

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Buenos días a todos y todas.  Agradezco a los organizadores por la atenta invitación a participar de este importante evento. Es un placer estar aquí con ustedes.  

Uno de los logros de las décadas más recientes en el hemisferio son los enormes progresos en favor de la democracia: hoy en día casi todos los países latinoamericanos tienen gobiernos civiles electos y gozan de mucha mayor estabilidad democrática que hace unos años. Aunado con esto, las economías latinas llevan los últimos diez años creciendo económicamente, aún para este año se pronostica que el crecimiento económico de los países en la región seguirá aumentando.

Sin embargo nos encontramos ante  una situación paradójica, siendo que a pesar del crecimiento económico y la estabilidad democrática que entre otros logros destacan a la región, también nos hemos convertido en la región más insegura del mundo. La seguridad pública sigue siendo una de las principales amenazas y de las principales preocupaciones de la opinión pública del continente. Por tanto, también la seguridad se convertido en un pilar fundamental de la acción de la OEA. 

Asumí el puesto de Secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos en el mes de agosto del 2010 y de inmediato confrontamos una crisis de seguridad: la masacre de 72 personas a manos de los Zetas el 22 y 23 de agosto en el estado de Tamaulipas, México.  Ese grupo de 72 personas eran  migrantes y entre ellos había hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, brasileños, y ecuatorianos. En un solo acto criminal no sólo se había puesto en evidencia el carácter transnacional que domina el delito contemporáneo, sino que se habían perpetrado varios crímenes simultáneamente: había habido trata de personas, tráfico de personas y de drogas, homicidios y, desde luego, se habían atropellado los derechos de los migrantes en su máxima expresión posible, la del asesinato.

Esta horrible matanza no fue un incidente sin precedente en las Américas, ni en la región de Centroamérica ese año.  Según el Informe Sobre Seguridad Ciudadana en las Américas que emitió el Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA, en 2010 se cometieron 144.733 homicidios; una cifra que había ido en aumento desde 2007 y que en la actualidad se mantiene en niveles parecidos.  La última década ha visto un crecimiento histórico del poder y de la presencia del crimen organizado transnacional en las sociedades de las Américas, un fenómeno relacionado con el aumento de homicidios y de violencia, especialmente en Centroamérica.

El trágico evento del estado de Tamaulipas fue un catalizador para la Secretaría de Seguridad Multidimensional y para la OEA.  El Secretario General me hizo entonces una pregunta muy sencilla: “¿aparte de mostrarnos indignados, que otra cosa podemos hacer?” Lo que decidimos fue replantear nuestra estrategia y las acciones consecuentes. Así llegamos a un modelo que llamamos “seguridad inteligente.”

Seguridad inteligente implica seguir los siguientes pasos en cada acción de la Secretaría: primero, una identificación objetiva y basada en evidencia de los temas que serán objeto de la acción; segundo, propuestas basadas en necesidades y capacidades nacionales o regionales, a objeto de garantizar el apropiamiento por parte de los beneficiarios de los proyectos y su sustentabilidad; tercero, propuestas basadas en experiencias positivas y en alianza con actores relevantes; cuarto, un enfoque multidimensional que asegure una respuesta sistémica a los problemas y quinto, la evaluación de los resultados.”

Este modelo requiere  un conocimiento integral de los sistemas de seguridad de los países miembros de la OEA.  Para satisfacer esta condición establecimos un programa piloto de diagnósticos sobre sectores nacionales de seguridad.  Hicimos diagnósticos, a solicitud de los gobiernos, en El Salvador, Belice, Costa Rica y Honduras.  Cada diagnóstico fue integral, penetrante e imparcial, y proporcionó un informe confidencial analizando las debilidades y puntos fuertes del sistema nacional de seguridad que se le otorgó al gobierno respectivo. 

A diferencia de otras evaluaciones, los diagnósticos de este programa se centran en un análisis de las relaciones entre sectores de seguridad, lo que quiere decir entre fuerzas privadas y públicas y entre varios sectores del gobierno, incluyendo el sector policial, el jurídico, el penitencial y los programas sociales.  Su propósito es identificar oportunidades para mejorar la comunicación entre estos sectores y perfeccionar la  coordinación de  esfuerzos. La filosofía detrás de estos diagnósticos, un pilar importante del modelo de seguridad inteligente, es nuestra convicción en el poder de las instituciones y la cultura de la seguridad  en la lucha contra la inseguridad y el delito. 

Independientemente de si hablamos de violación de derechos humanos, crimen organizado o, como en el caso que preocupa a esta reunión, de poblaciones vulnerables que migran en busca de mejores condiciones de vida y que terminan convirtiéndose en víctimas de tráfico y/o trata de personas, avances significativos en la lucha contra el delito sólo serán posibles si se alcanza un fortalecimiento de las instituciones.

La  migración irregular se ha convertido en uno de los temas sociales, políticos, y económicos más importantes que hoy enfrentan los países en el hemisferio occidental.  En la última década, la mayoría de los Estados miembros de la OEA se convirtieron en países de origen, tránsito y destino para migrantes irregulares de toda la región y el mundo.

De acuerdo con estudios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, casos de tráfico de personas hacia Estados Unidos provenientes de Brasil, El Salvador, Guatemala y Honduras han ido en aumento.  También existe una importante migración irregular y tráfico de personas en la región Andina entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Y otro tanto ocurre, aunque en menor medida, en el Cono Sur entre Brasil, Paraguay y Uruguay con destino a Argentina, así como de  nacionales peruanos y bolivianos con destino a Chile.  La región Centroamericana, particularmente Costa Rica, ha atraído a un número substancial de trabajadores, quienes en condiciones de irregularidad o como casos de tráfico, se han concentrado en el sector agrícola.

De igual forma estudios indican que migrantes irregulares y víctimas de tráfico de personas provenientes de Asia ingresan por el Caribe del Este y son traficados a Estados Unidos vía Centro América. No sabemos a ciencia cierta cuantos haitianos viven en condiciones irregulares en República Dominicana, pero de acuerdo con el Reporte Mundial de 2008 de la Organización Internacional para las Migraciones, en ese momento ya ascendían a entre 50,000 y 70,000. Igualmente la cantidad de personas de origen haitianos traficados en Las Bahamas se estimaba entre 40,000 y 50,000.

Estos patrones modernos de migración, tráfico y trata  superan actualmente la capacidad de regulación del Estado.  Consecuentemente la promoción y la protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los trabajadores migratorios y sus familias, se ha convertido no solamente en una cuestión política y legal, ineludible en la agenda de cada gobierno, sino que ha puesto a la OEA en la vanguardia de los esfuerzos hemisféricos para asegurar la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Desde la OEA pensamos que el delito de tráfico de personas debe abordarse también desde una perspectiva de seguridad inteligente; es decir identificar el problema objetivamente y proponiendo soluciones desde un enfoque multidimensional y acorde a las necesidades y experiencias de los estados.

Por ello, siguiendo un enfoque preventivo y de seguridad inteligente, la OEA, por intermedio de su Programa Interamericano, tiene como objetivos primordiales la protección de los derechos humanos de los migrantes mediante el desarrollo de acciones de cooperación y mejores prácticas, la integración de acciones concretas en las labores de los órganos, organismos, y entidades de la OEA, y la vinculación de estas actividades con los avances en los Estados Miembros, organizaciones multilaterales y de la sociedad civil. 

El Programa también establece una serie de objetivos específicos para la protección de los derechos humanos de los migrantes. éstos abarcan desde el intercambio de mejores prácticas y cooperación entre países de origen, tránsito y destino, hasta la atención a las necesidades especiales de grupos vulnerables de migrantes tales como menores de edad y grupos indígenas. 

 En la OEA, el Programa posee actividades específicas destinadas a la protección de los derechos humanos de los migrantes en las diversas áreas de la Secretaría General.  Entre otras, éstas incluyen el estudio y difusión de la legislación migratoria nacional, el intercambio de información y asistencia técnica en materia de derechos humanos con órganos estatales y funcionarios públicos, el desarrollo de programas dirigidos a proteger a las mujeres y niños migrantes, el estudio de la participación política de los migrantes, y el intercambio de mejores prácticas entre los distintos actores de este Programa. 

Asimismo, el Programa encomienda actividades a los Estados miembros y a otros actores. Éstas incluyen firmar, ratificar o adherir a los instrumentos universales e interamericanos de derechos humanos y derechos de los migrantes, revisar su legislación para que sea congruente con la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes, capacitar a sus funcionarios públicos que desempeñan funciones relacionadas con la migración sobre el marco jurídico migratorio y la protección de los derechos humanos de los migrantes, entre otros.

Si bien, la OEA y sus estados miembros están comprometidos y buscan implementar políticas migratorias que vayan en beneficio de grupos que tienen la potencialidad de convertirse principalmente en víctimas de tráfico de personas, existe un área de trabajo que no ha recibido la atención necesaria y que representa un gran reto político, social, cultural y económico para los estados, los actores sociales e instituciones acá presentes: la migración de niños, niñas y adolescentes sin acompañamiento.

De acuerdo con estudios de ECLAC, 6 millones de personas provenientes de Latinoamérica y el Caribe han emigrado dentro de la región y 25 millones lo han hecho hacia Estados Unidos y Europa.  Se estima que de cada cinco personas que migran, uno es niño, niña o adolescente no acompañado.  En este contexto, millones de menores de edad son víctimas de abusos por su estado migratorio o la situación de irregularidad de sus padres, quienes debido a políticas migratorias restrictivas, xenofobia, y/o discriminación son propensos a ser explotados ya sea como víctimas de tráfico y/o trata de personas.

En Latinoamérica y el Caribe, las causas que dan origen a la migración son variadas y complejas. Cada año una gran cantidad de menores de edad migran sin acompañamiento con la espera de reunificarse con sus padres o bien como alternativa a la violencia y explotación que experimentan en sus comunidades y países de origen.   La falta de oportunidades para adolescentes en sus propios países, como acceso a programas educativos y calidad de vida, sumados al aumento de inseguridad y violencia, promueve la migración irregular y por consiguiente la posibilidad de convertirse en víctimas de tráfico de personas y a ser explotados sexual o laboralmente. 

¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son nuestros retos  como gobiernos e instituciones? Permítanme enumerar algunos de los desafíos que debemos superar para avanzar en la solución del problema.

Primer desafío. Con raras excepciones, en la mayoría de países de la región existe una ausencia de estándares, políticas públicas regulatorias dirigidas hacia la protección de niños, niñas y adolescentes caracterizados por la migración irregular y que llegan a convertirse en víctimas de tráfico de personas.  Es necesario reconocer el derecho a la unidad y/o reunificación familiar dentro de los parámetros legales; es decir, que muchos menores de edad son separados de sus padres o tutores por largos períodos de tiempo.

Segundo Desafío. Algunos países de Latinoamérica y el Caribe aún no poseen marcos legales migratorios que aborden los derechos económicos, sociales y culturales de migrantes menores de edad.  Este vacío legislativo y en algunos casos debido a la falta de servicios especializados, resulta en bajos índices de escolaridad y en una falta de servicios  sociales y de salud que terminan siendo catalizadores de situaciones de explotación, tanto en trabajos forzados como explotación sexual. Es imperativo llenar dicho vacío con marcos jurídicos acordes.

Tercer desafío. A nivel político ha habido intentos de cobrar impuestos al envío de remesas que buscan satisfacer las necesidades primarias de niños, niñas y adolescentes,  así como a miembros de familias a cargo de su cuidado.  Esa estrategia en lugar de beneficiar  contribuiría al aumento de los niveles de vulnerabilidad ya existentes en muchos núcleos familiares y a propiciar desplazamientos geográficos conducentes a varios tipos de explotación. Ejemplos como el de “3 por 1” en México, donde el Estado Federal triplica el monto enviado para ser invertido en programas sociales, representan una alternativa a la inversión social y educativa de menores de edad.

Cuarto desafío. El derecho a la identidad y el derecho de estar civilmente registrado y poseer un nombre son cruciales para la integración social y protección contra la violencia y explotación.  El caso de menores de edad nacidos de padres en situación de migración irregular lleva a la vulnerabilidad y limita los servicios de protección que puedan tener estos menores.

Quinto desafío. Mientras países en la región en repetidas ocasiones se han pronunciado en contra de criminalizar la migración, muchas detenciones de migrantes, especialmente niños, niñas y adolescentes irregulares reciben acciones punitivas por países de tránsito y/o destino.  Se hace necesaria la sanción de leyes especiales, de políticas y la implementación de medidas alternativas para la protección de menores de edad detenidos por su situación irregular. La detención y el encarcelamiento no deberían ser alternativas para menores de edad porque propician la violencia en contra de estos menores y una  mayor explotación.

Estimadas amigas y amigos:

La protección de migrantes irregulares menores de edad requiere del diseño, la implementación y el constante monitoreo de su estado migratorio; es decir, cómo migran, si son acompañados, su destino; así como las razones de su desplazamiento. Con ello quiero decir que la  solución al delito de tráfico de personas, a la migración irregular, a la violencia y a la inseguridad no radica en el aumento de las fuerzas y parámetros de seguridad. 

Mi mensaje aquí, y con ello voy a terminar, es que debemos trabajar por un sistema que de forma inteligente invierta en instituciones fuertes, transparentes y colaborativas. Que debemos invertir en una cultura de respeto al estado de derecho y a las responsabilidades y derechos con directa participación ciudadana. Sólo así, finalmente, daremos a nuestros ciudadanos, la seguridad que ellos merecen y que nos demandan con urgencia.

 

Muchas gracias.

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