palabras del Embajador Adam Blackwell, Mesa Redonda sobre Mujeres, Paz y Seguridad, 7 de abril de 2011

Clausura de la Mesa Redonda sobre Mujeres, Paz y Seguridad

Actividad organizada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

Salón de las Américas, OEA, Washington DC, 7 de abril de 2011.

Palabras del Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA Adam Blackwell

 

Como es de conocimiento general, la violencia y la criminalidad amenazan constantemente la convivencia pacífica creando inseguridad y poniendo en riesgo el bienestar y la vida de las y los ciudadanos. Un número importante de ciudades grandes de Latinoamérica y el Caribe tiene tasas de homicidios que oscilan entre 40 y 120 por cada 100,000 habitantes, mientras que diversas fuentes ubican el promedio latinoamericano entre 20 y 30, el más alto del mundo.

El número de homicidios en la región refleja claramente la presencia de diversas representaciones de la violencia, y como consecuencia el estancamiento en el desarrollo social, local y global. Latinoamérica y el Caribe no sólo sufre de la extrema violencia causada por homicidios –provocados en su gran mayoría por actividades criminales– sino también de muchos otros hechos delictivos cotidianos tales como los robos con violencia, los secuestros, la violencia sexual y violencia contra la mujer, el pandillaje juvenil criminal, y la violencia armada.

Dentro de la gravedad de esta situación es todavía más grave el hecho que esta violencia afecta a la población de forma desigual, es así que las víctimas de la violencia deben ser reconocidas por sus propias condiciones y las diferentes situaciones de inseguridad a las que se enfrentan. Es imprescindible analizar y entender de manera específica las diferentes representaciones de violencia que amenazan a hombres, a mujeres, a niños y a niñas en nuestra Región para de esta manera generar respuestas adecuadas y sensibles a sus diferentes necesidades.

Las estadísticas señalan que las mujeres son víctimas preferentes de la violencia en la Región: un diagnóstico realizado por el BID muestra que las violaciones sexuales y la violencia doméstica afectan a entre el 25% y el 50% de todas las mujeres en América Latina. En México, la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares mostraba que en 2006 el 43% de las mujeres casadas o unidas de 15 años y más había sufrido al menos un incidente de violencia, ya  fuera emocional, física, económica o sexual. La misma encuesta mostraba que en los espacios públicos, 42% de las mujeres había padecido algún tipo de violencia sexual y 92% intimidación. Y todos conocemos la alarmante realidad que han comenzado a mostrar las estadísticas sobre femicidio en nuestros países, desde que éstas comenzaron a realizarse.

Es importante recalcar que el colectivo de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe no es homogéneo, presentan diferencias socioeconómicas, étnicas, culturales y de orientación sexual, y por lo tanto están expuestas a diferentes amenazas que ponen en riesgo su seguridad. La percepción de la inseguridad no es la misma para una niña de una clase social alta que atiende a la escuela periódicamente, que para una madre de familia que enfrenta situaciones de extrema pobreza de manera diaria. Es por eso necesario que los estados de la región consideren las múltiples diferencias en sus contextos en el proceso de preparación de políticas públicas y legislación en cuanto a la seguridad de las mujeres.

La ciudad es un ámbito donde la vida social y sus conflictos se expresan y entre ellos las diferentes violencias de las que son objeto las mujeres en la sociedad, tanto en su transitar cotidiano por los espacios públicos, como en su vivienda. La inseguridad de las mujeres debe entenderse también en sus diferentes contextos y la legislación y políticas relacionadas deben contemplar tanto los espacios públicos como los privados.

Centralizar los aspectos de la violencia contra la mujer a lo que se entiende por violencia doméstica y/o intrafamiliar, hace que las políticas públicas se enfoquen únicamente en lo que ocurre dentro del ámbito privado y que se comete entre personas que tienen alguna relación de parentesco o consanguinidad. De esta manera, se corre el riesgo de dejar de lado a otras formas de violencia y discriminación contra las mujeres cometidas en la sociedad en espacios públicos, en las escuelas, los lugares de trabajo, y en las mismas instituciones gubernamentales que velan por su bienestar.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe que maneja la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en el año 2009 la participación de mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia o corte suprema fue del 19%, mientras que la participación de hombres alcanzó el 81%. Así mismo, en el 2010, el porcentaje de mujeres en el principal órgano legislativo nacional fue del 24.4 % frente  a un 75.6% de hombres en los mismos cargos.

El mantenimiento de la seguridad ciudadana sólo será posible mediante la adecuada participación de hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones, dentro de la política y de las diferentes fuerzas del orden y sectores de seguridad. Se hace necesario tomar medidas efectivas no sólo de protección para las mujeres y niñas, sino también de prevención, educando a hombres y niños –en especial cuando forman parte de los sectores antes mencionados– en cuanto al respeto por la igualdad y la promoción de la equidad de género.

La prevención de la violencia y la criminalidad va de la mano con la modernización de nuestro sector de seguridad, lo que significa asegurar la adecuada formación y constante capacitación de las fuerzas del orden evitando concebir acciones asistencialistas y/o victimistas, y por el contrario promoviendo la educación y la participación de las mujeres en los mismos procesos. Las políticas generadas para contrarrestar las diferentes violencias hacia las mujeres deben asegurar también su empoderamiento a través del correcto ejercicio de sus derechos humanos y autonomía como parte del proceso de toma de decisiones.

Las resoluciones de naciones unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad que discutimos durante esta jornada responden a la necesidad de los estados de abordar no sólo el tema de reconstrucción de la paz en situaciones de conflicto, sino además nos invitan a reflexionar sobre su posible implementación en situaciones en donde aún no hay conflicto. Actualmente, el mayor riesgo para nuestra región no es el conflicto dentro o entre naciones, sino la violencia en las calles y la inseguridad ciudadana. Es por eso que hago un llamado a recordar el compromiso que hicieron los estados en asegurar la adecuada implementación de dichas resoluciones y recalco la importancia de crear iniciativas de prevención y de construcción de la seguridad.

Es esencial continuar trabajando en conjunto con las instituciones de las fuerzas del orden y asegurar su reforzamiento en cada uno los países de la región, y entre ellos, abrir el diálogo, compartir experiencias exitosas y reforzar las medidas de seguridad a través de las fronteras, en las calles y dentro de los hogares.

Quiero finalizar agradeciéndole a la CIM por la organización de este tan importante evento en el que tanto los diferentes órganos de la OEA, así como las demás instituciones regionales e internacionales presentes renovamos y unimos fuerzas una vez más en la lucha por enfrentar el problema de la inseguridad, factor que es crucial para el desarrollo social y económico de nuestra región.

Somos concientes que el camino no es corto pero, con el apoyo y la acción de todas las instituciones que trabajamos en la materia, tenemos la certeza que terminaremos por lograr que el crimen y la violencia  no sean más una amenaza ni para las personas ni para el mantenimiento de la paz entre naciones.

 

Gracias.

 

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