Palabras del Embajador Adam Blackwell, Foro sobre Seguridad Regional, 6 de octubre de 2011

Agenda de Seguridad Regional: Retos y Avances 

Conferencia dictada por el Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, en el Foro sobre Seguridad Regional.

 Ciudad de México, 6 de octubre de 2011

El tema que preocupa a este Foro es hoy uno de los más relevantes para nuestro hemisferio y, según todas las encuestas conocidas, el que más preocupa a la población de todos los países de nuestra región. Debo felicitar, por ello, a la Organización Demócrata Cristiana de América y a la Fundación Konrad Adenauer por su decisión de traer el tema al debate público. Igualmente quiero agradecer a todos quienes han participado en este diálogo por sus importantes contribuciones. Me voy de aquí con algo más de claridad sobre un tema que, como todos sabemos, no es fácil de analizar y mucho menos de resolver.

 

Se me ha pedido que entregue una opinión sobre los retos y avances de la agenda de seguridad regional. ¿Cuáles son los retos? Sin duda muchos. A lo largo de esta jornada ustedes han recibido importantes testimonios que describen la magnitud y el dramatismo del problema.

Si tuviera que resumir lo dicho debería decir que está perfectamente claro que la principal amenaza a la seguridad de nuestros países no viene desde fuera de nuestras fronteras y si viene no es la amenaza de otro Estado o de otro bloque de estados. No es una amenaza militar o ideológica. Es la amenaza del  crimen y la violencia. Hoy, el crimen y la violencia  matan, en nuestro continente, a más gente que el SIDA o cualquier otra pandemia conocida y destrozan más hogares que cualquier crisis económica que hayamos sufrido. En las Américas en 2009 -el último año para el cual el Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA tiene datos oficiales- por lo menos 375.000 personas murieron de manera violenta. Durante el año pasado, alrededor de 200 millones de personas, aproximadamente un tercio de todos los habitantes de la región americana, fueron víctimas de un delito; entre ellos más de dos tercios de los secuestros del planeta.

El número de homicidios dolosos en 2009 ascendió exactamente a 133.813  casos, lo que significa que en promedio se cometieron 366 homicidios diarios, 15 cada hora y uno cada 4 minutos. Si estas cifras se mantienen durante el presente año, y todo indica que así ocurre, desde que fui presentado ante ustedes y hasta este momento se han cometido uno o dos homicidios dolosos en la región americana y cuando termine de hablar probablemente se habrán cometido siete u ocho.

Si las cifras se mantienen y, ya lo dije, lo más probable es que así esté ocurriendo, ayer en nuestra región hubo 55.000 robos; 10.000 casas y otros locales fueron asaltados; 420 mujeres fueron violadas y 330 personas perdieron la vida en accidentes automovilísticos fatales. Ayer probablemente se produjeron alrededor de 2 toneladas y 700 kilos de cocaína en laboratorios clandestinos de algunos de nuestros países y hoy, seguramente, se producirá la misma cantidad.

Las anteriores son sólo algunas de las cifras oficiales del crimen y la violencia en nuestra región; las cifras que diferentes instituciones oficiales de algunos -no todos-  los Estados miembros de la OEA recogen y divulgan. Esa es una de las dimensiones del reto que enfrentamos.

Pero no es la única dimensión. Porque los fenómenos asociados al crimen y la violencia no sólo afectan la salud, la integridad física, el patrimonio y la tranquilidad de nuestros ciudadanos, sino que puede llegar a afectar también y de manera muy significativa, a la economía y a  la gobernabilidad democrática en  nuestra región.

En  muchos de nuestros países el crimen y la violencia amenazan  importantes áreas de actividad económica como el turismo o la producción agraria y llegan a afectar el control del Estado sobre áreas geográficas completas. En diversos países  las organizaciones criminales han buscado, además, alterar los procesos institucionales democráticos y permanentemente  influyen como agentes corruptores de instituciones públicas y privadas.

Esta situación afecta directamente las condiciones de gobernabilidad. Cuando el control del crimen organizado sobre barrios, comunidades o zonas geográficas más amplias dificulta, impide o, como en algunos casos, sustituye la acción de las instituciones públicas, indudablemente estamos ante un caso de amenaza cumplida en contra de la gobernabilidad democrática.

Cuando el crimen organizado interviene directamente en procesos electorales amenazando o incluso asesinando a candidatos, amedrentando a los electores y en muchos casos imponiendo a sus propios candidatos,  estamos ante un caso de amenaza cumplida en contra de la gobernabilidad democrática.

Y cuando el crimen organizado corrompe funcionarios públicos como también lo hace con funcionarios del sector privado, contribuyendo directamente al desprestigio de las instituciones, no cabe duda de que estamos ante un caso de amenaza cumplida en contra de la gobernabilidad democrática.

De igual manera, detrás del frío dato estadístico que nos indica que un tercio de los habitantes de América Latina y El Caribe fueron víctimas durante el año pasado de algún acto criminal,  se oculta una realidad mucho más dramática: se trata de personas que ven disminuidas sus capacidades físicas o su aptitud para el trabajo; de personas a las que se les ha arrebatado una parte de sus ahorros o de su patrimonio; de empresas e inversores a los que se les ha restado confianza en el país en el que están invirtiendo.

En todos esos casos se ven anuladas o mermadas las políticas públicas destinadas a proteger a las personas, a aumentar el bienestar de la población, a atraer inversionistas y a desarrollar la economía nacional. En todos esos casos, en consecuencia, se está mermando la capacidad de desarrollo económico y de gobernabilidad de la democracia.

Dentro de la gravedad de esta situación es todavía más serio el hecho que esta violencia afecte a la población de forma desigual. Sus víctimas principales son los adolescentes y los niños. Los jóvenes de los estratos más pobres de la sociedad, en especial los varones, son las víctimas principales de la violencia. La  tasa de muertes causadas por lesiones en la región, que alcanza a 27,7 por cada 100 mil habitantes, es mucho más alta y es la primera causa de muerte en los jóvenes de entre 15 y 29 años en donde llega a  83,2; y es aún  más alta entre los jóvenes de los estratos medios y bajos entre los cuales se eleva a más de 100 casos cada 100 mil habitantes. La posibilidad de que un joven latinoamericano muera víctima de un homicidio es treinta veces mayor que la de un joven europeo.

Las mujeres son también una víctima preferente de la violencia: un diagnóstico realizado por el BID muestra que   las violaciones y la violencia doméstica afectan a entre el 25 y el 50 por ciento de todas las mujeres en América Latina.

Las minorías étnicas constituyen otro grupo  impactado  de manera particular por la violencia y el crimen: el 70% de todas las personas que están en prisión en los Estados Unidos son no-blancos  y los indígenas de Canadá, que representan alrededor de 2% de la población, constituían, sin embargo, el 18% de las personas que estaban en las prisiones en 2000. Ser  joven y pertenecer a una minoría étnica es doblemente peligroso en nuestra región: datos de 2006 muestran que la tasa de homicidio de jóvenes de origen afrobrasileño alcanzaba la cifra de 400 muertes por 100 mil habitantes, esto es cincuenta veces la media mundial de homicidios.

¿Qué estamos haciendo para enfrentar esta amenaza? ¿Hemos avanzado algo para contener su embate?

En todos los países de la región los gobiernos están desplegando sus capacidades para enfrentar el desafío de la inseguridad de sus ciudadanos. México es un muy buen ejemplo de cómo la decisión de un gobierno puede llegar a cambiar los parámetros de enfrentamiento del crimen y la violencia en un país que ha decidido no doblegarse ni mantener en la impunidad esa acción criminal.

Quiero, en esta oportunidad, ofrecerles sin embargo una visión de lo que hemos hecho colectivamente los Estados de la región para encarar esta amenaza y buscar ampliar los márgenes de seguridad, paz  y convivencia ciudadana en nuestros países.

En mi opinión el principal paso que hemos dado en esa dirección ha sido la modificación drástica del propio concepto de seguridad.

A lo largo de prácticamente todo el siglo 20 el concepto de seguridad en nuestra región -y en el mundo- estuvo centrado en el Estado. La principal preocupación de seguridad era por lo general la amenaza al territorio  y la amenaza de la subversión. En el marco bipolar del período de Guerra Fría el concepto fue aplicado en escala planetaria, lo que llevó al desarrollo de las nociones de “conflicto global” y “enemigo global”. En el mismo cuadro, además,  prosperaron aventuras teóricas como la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, que terminó siendo inspiradora de dictaduras que pretendían eliminar al “enemigo interno” infiltrado por el “adversario global”.

Las últimas décadas del siglo, sin embargo, aportaron un escenario que propició la evolución, desde esa concepción, a otra que pone al ser humano como objeto directo de la seguridad tomando en consideración los elementos sociales, económicos y culturales que pueden llegar a afectarla. Ese nuevo concepto, hoy generalizado entre los países integrantes de la Organización de los Estados Americanos, es el de Seguridad Multidimensional.

Este concepto terminó de perfeccionarse en 2003 en la Conferencia Especial Sobre Seguridad realizada en esta misma ciudad y en la que los Países Miembros de la OEA adoptaron la “Declaración Sobre Seguridad en las Américas.”  Un año más tarde, en la Cumbre Extraordinaria de las Américas de Monterrey, también aquí en México, los presidentes de nuestros países reiteraron que “las bases y el propósito de la seguridad es la protección de la persona humana”.

El concepto de Seguridad Multidimensional no sólo dejó en el pasado el viejo concepto de seguridad nacional, sino que  además puso de manifiesto y sancionó formalmente el interés de los Estados Americanos de buscar  su seguridad mediante la cooperación y la acción colectiva.

La toma de consciencia acerca de las múltiples dimensiones de las amenazas a la seguridad fue también un acto de toma de consciencia de la necesidad de apoyo mutuo que los Estados americanos tienen para superar sus problemas de seguridad. Fue el momento en que se reconoció que todos los países, grandes y pequeños, poderosos  o menos influyentes, se ven igualmente afectados por esas amenazas a la seguridad y que su enfrentamiento y superación necesita de la participación solidaria de todos por igual.

Quiero insistir en este punto. El problema del crimen y la violencia es un problema de todos, sin excepción.  El problema no es sólo de los países de tránsito de drogas ilícitas o sólo de los países en donde se consume esa droga. Es de todos ellos y de todos los países de la región. Si tenemos éxito en México en reprimir el tránsito de drogas ilícitas, los narcotraficantes probablemente migrarán a otros países en donde crean que la represión no es igualmente eficaz. Por eso el combate al delito y sobre todo el combate al crimen transnacional organizado debe ser un combate colectivo. Porque el problema nos afecta a debemos enfrentarlo todos  unidos y coordinados.

Y en esa tarea, desde luego, todos debemos asumir nuestras responsabilidades. Los países de tránsito de drogas deben combatir ese tránsito, pero los países de mayor demanda de drogas deben combatir tal demanda. No se puede hacer caer el peso de la responsabilidad sólo en los países en los que se produce y en los países  por los cuales las drogas transitan. Mientras existan drogas ilícitas su consumo debe ser tan combatido como su producción y tráfico.

Y lo mismo ocurre con  el tráfico de armas y el tráfico de personas, otras  de las mayores actividades del crimen organizado transnacional. No se puede hacer caer el peso de la responsabilidad de combatir el crimen en los países en los cuales se utilizan ilegalmente armas de fuego, si en otros países vender esas armas es una actividad legal. No se puede responsabilizar del combate al tráfico de personas   a aquellos países de los cuales esas personas son expulsadas por la pobreza o la falta de oportunidades, sin ofrecerles a esos mismos países una ayuda colectiva para que superen sus problemas de pobreza y desigualdad.

Quizá ese sea hoy nuestro desafío principal en estas materias: lograr que el conjunto complejo y multidimensional de amenazas a la seguridad en la región, sean enfrentados sobre la base de la cooperación y de una acción conjunta y crecientemente coordinada.

Orientados por el concepto de Seguridad Multidimensional, las preocupaciones de nuestros países, y con ello las acciones de la OEA, están hoy día volcadas a implementar medidas que permitan enfrentar adecuadamente desastres naturales y potenciales accidentes catastróficos que en el pasado han costado miles de vidas en casi todos los  rincones del hemisferio. A combatir las diversas formas que adopta el crimen organizado trasnacional y a fortalecer las capacidades institucionales de nuestros Estados para enfrentar el crimen y la violencia. A mantener de manera transparente las capacidades de disuasión de nuestras Fuerzas Armadas frente a la posibilidad de una agresión exterior. Y también a superar definitivamente  nuestro retraso económico, las limitaciones a las libertades políticas  y la desigualdad social, porque somos conscientes que en ellas se incuban muchas de las principales amenazas a la seguridad.

En ese contexto ya hemos desarrollado una rica red de instituciones en las que se materializa nuestra unidad para combatir a la inseguridad y que sirven de vehículo para la cooperación entre nuestros Estados en la lucha contra el crimen y la violencia. Sólo para recordar aquellas que la Secretaría General de la OEA coordina o a las que  sirve como Secretaría Ejecutiva, debo mencionar a la Convención Interamericana contra la Fabricación Ilícita  y Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados; al Plan Hemisférico Contra la Delincuencia Organizada Transnacional;  al Mecanismo de Evaluación Multilateral de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas,  a la  Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas y al Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Uno de los pasos más significativos dados en el último período en relación al enfrentamiento de la inseguridad  en el marco del nuevo concepto de Seguridad Multidimensional, y en particular de la seguridad pública o de los ciudadanos, es la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad de las Américas, que prepara su tercera versión en noviembre próximo.  Esta instancia es un espacio permanente de discusión y acuerdos que permitan identificar las raíces más profundas del fenómeno del crimen y la violencia en el Hemisferio y  generar consensos y acciones coordinadas para enfrentarlo.

En un terreno práctico, por intermedio de la OEA mantenemos en funcionamiento un Programa Interamericano de Capacitación Policial, entregamos asistencia técnica a los Estados para la creación de políticas, estrategias y equipos de respuesta a problemas de seguridad cibernética; y mantenemos igualmente programas en las áreas de seguridad marítima, seguridad aeroportuaria, seguridad de documentos y prevención de fraude y control de aduanas. También apoyamos las políticas y las instituciones que combaten el lavado de dinero, el tráfico de personas y el tráfico de armas de fuego. Desde la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas se han desarrollado ya dos estrategias continentales para enfrentar las situaciones asociadas al problema de drogas.

Nada de esto, sin embargo, podrá sustituir los esfuerzos que cada país, que cada Estado haga por enfrentar todos estos problemas. Los esfuerzos colectivos pueden verse anulados si dentro de cada país no se promueve la profesionalización de los cuadros públicos en el área de la seguridad. Debemos ser conscientes que las capacidades en esta área tan delicada no se improvisan; que la seguridad es una materia del Estado y que por lo tanto debe tratarse por encima de las diferencias políticas coyunturales y debe permanecer ajena a los cambios, también  coyunturales, que esa política genere.

Me voy a permitir repetir aquí las palabras del presidente Calderón en su presentación el pasado mes de Junio en ocasión de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. En esa oportunidad el presidente Calderón señaló [Cito]: “Me refiero a la necesidad de construir instituciones sólidas. Ésta es una tarea cardinal… Porque la debilidad institucional es la grieta a través de la cual están penetrando las organizaciones delincuenciales, para imponer sus intereses sobre los intereses de nuestras sociedades. Por décadas, en muchos países de nuestra región… no se asumió con seriedad que la debilidad institucional era un riesgo enorme… para la seguridad y la democracia, y que, en consecuencia, debía asumirse… con seriedad… la construcción de instituciones de seguridad y de justicia sólidas, honestas y eficaces. Y, hoy, tenemos no sólo la responsabilidad compartida, yo diría la urgencia, de construir a toda prisa y sin descanso, esas nuevas instituciones en nuestros países.”  [Fin de la cita]

Yo sólo quiero agregar a esas palabras que, únicamente mediante una verdadera carrera funcionaria en el ámbito de la seguridad podrán hacerse autosostenibles los esfuerzos que hoy día desarrollamos. Sólo de ese modo, también, podrá hacerse más efectiva la lucha contra la corrupción y otras amenazas al  Estado, planteadas por los agentes del crimen y la violencia.

Sólo una cosa es clara en este terreno: en esta lucha no podemos darnos un momento de respiro. Debemos seguir  enfrentando  el que, como dije al comenzar mis palabras, es uno de los problemas más relevantes para nuestro hemisferio en el momento actual. Cada uno de los avances que he descrito, aunque pueden parecer pequeños, representan un paso adelante en el fortalecimiento y la movilización de capacidades de los Estados de las Américas para  enfrentar decididamente las amenazas a la seguridad en nuestra región.

Somos conscientes que el camino de esa solución no es corto ni fácil. Pero, con el apoyo y la acción de vanguardia de gobiernos como el de México y de instituciones como las que han organizado esta reunión, tenemos la certeza que terminaremos por lograr que el crimen y la violencia no sean más una amenaza ni para las personas ni para la estabilidad y las  instituciones democráticas de nuestro continente.

Muchas gracias

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s